mar 23 2012
Disminución de las bajas en el trabajo
La baja productividad es uno de los problemas estructurales de la economía en España y una de las más viejas peticiones de las organizaciones empresariales. La crisis pareciera haberse convertido en el mejor remedio contra las bajas en el trabajo, según los datos que han sido publicados por el Grupo Médico Jurídico. En referencia a la gestión de bajas laborales, en Castilla-La Mancha la crisis ha disminuido las bajas un 70 por 100. Guadalajara, por su parte, es la provincia donde menor cantidad de bajas laborales se dan y Ciudad Real la que más.
Los habitantes de Castilla-La Mancha poseen una media de 31,50 días por año de baja laboral a causa de enfermedad o accidente común, periodo en el que se encuentran imposibilitados para el trabajo, lo que implica una reducción del 17,6% en el número de días de baja registrados durante el año pasado.
Ciudad Real, se posiciona en primer lugar en cuanto al número de días de baja por contingencia común, con 36,93 días de promedio al mes; le sigue Cuenca, con 36,50 días perdidos y Albacete, con 32,81.
En penúltimo lugar se encuentra Toledo, con una media de días de baja de 27,44 y en último lugar se ubica Guadalajara, con 26,96 días perdidos.
Las cifras dan cuenta de que la delicada situación económica ha propiciado una reducción de las bajas laborales de corta duración. Estas ausencias son las que mayor daño hacen puesto que las compañías son las que se tienen que hacer cargo de pagar al empleado de baja en los quince primeros días de ausentarse en su empleo, además del complemento voluntario firmado mediante convenio y la cotización a la Seguridad Social.
Faltar al empleo por enfermedad es un derecho innegable para cualquier trabajador. La cuestión es cuando esta ausencia no se halla lo suficientemente justificada o es sospechosa. En este caso, se estaría hablando de absentismo falaz, que es el que se da cuando el empleado simula una enfermedad, o la gravedad de la misma, de modo que dicha falta se prolonga más de lo que debe con las consecuencias del aumento de costes para el empleador. Ante esto, las compañías pueden apelar a as políticas activas de recursos humanos, la gestión del trabajo conjunto con los diferentes grupos de interés que intervienen en el problema y la aplicación de la legislación donde sea preciso.
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